domingo, 6 de mayo de 2012

Una entidad de inserción de discapacitados presenta un ERE (el país, cataluña)

Los recortes presupuestarios se cobran la primera víctima de las entidades sociales. Se trata de la entidad Ecom, que ayuda a los discapacitados físicos a encontrar un puesto de trabajo. La entidad se financia prácticamente de subvenciones públicas y los recortes en las partidas destinadas a la creación de empleo han llevado a Ecom al ahogo económico. La entidad, formada por 130 trabajadores, ha decidido presentar un ERE que afectará a 40 empleados, a los que se suman nueve trabajadores temporales que ya han sido despedidos.


Ecom recibió el año pasado 1,4 millones de euros del Servicio Catalán de Ocupación (SOC) para realizar sus programas de inserción laboral, pero la Generalitat ha comunicado a las entidades sociales que este año no habrá convocatoria. De hecho, debía haber salido en enero. La Generalitat argumenta que el Gobierno central ha recortado 260 millones (el 60%) de las transferencias a Cataluña para realizar políticas activas de ocupación. Desde el Departamento de Empresa alertan de que este recorte afectará a todos los programas y planes de ocupación, entre ellos, los destinados a los colectivos más vulnerables, como discapacitados y colectivos con riesgo de exclusión.



Estas subvenciones permitieron a Ecom asesorar a 1.722 discapacitados el año pasado. De estos, 686 encontraron trabajo, una cifra muy inferior a los 1.031 que se emplearon en 2010.
El ERE de Ecom provocará la desaparición de los 11 equipos de personas que se dedican a la inserción de discapacitados físicos y deja en vilo el futuro de la entidad, que se ve incapaz de hacer frente a las indemnizaciones que implicará el ERE. Ecom teme tener que declararse insolvente y dar carpetazo a 40 años de trabajo social.


También alertan de su futuro las entidades que atienden a los discapacitados mentales, como Dincat. Los recortes estatales y autonómicos afectarán también a las subvenciones que reciben los Centros Especiales de Trabajo. “Se van a cargar [las Administraciones] la lucha de décadas por integrar a los discapacitados”, protesta la presidenta de Dincat, Lola de la Fuente.


Para evitar engrosar la bolsa de personas en riesgo de exclusión, la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) entregó este jueves a la Generalitat un documento en el que pedía que se desactive la reforma de la renta mínima de inserción (RMI) emprendida el pasado agosto y que “está dejando sin ningún tipo de cobertura social a numerosas personas y familias en riesgo de exclusión”, alerta ECAS, que agrupa a 85 entidades sociales.


El endurecimiento de las condiciones para acceder a esta ayuda de 423 euros ha dejado fuera, según el estudio de ECAS a enfermos crónicos, a parados que han agotado el subsidio, a inmigrantes que no pueden acreditar un mínimo de dos años de residencia y a jóvenes de entre 18 y 25 años ya emancipados. A ellos se añade el colectivo de personas con problemas de salud mental, pero que no llegan al mínimo grado de discapacidad exigido para acceder a una pensión no contributiva. La Generalitat reconoció la cancelación de 4.521 expedientes a finales de 2011.


ECAS pide a la Generalitat una reforma “urgente” del programa de la RMI para evitar situaciones de exclusión “irreversibles y más costosas de atender en el futuro”. La entidad recuerda que ya hay unas 300.000 personas en riesgo de exclusión social que no percibe ninguna ayuda pública.

La Comunidad cierra dos centros de día de mayores en Carabanchel y Leganés. MADRID 2012 RECORTES


La empresa que los gestionaba está intervenida por la Seguridad Social por deudas

Vigilantes impiden a los trabajadores entrar a la sala, ya con las cerraduras cambiadas


 Los 20 usuarios que tenía el centro de día para mayores de Puente de Toledo, en el distrito de Carabanchel de Madrid, han empezado hoy una nueva etapa en la Gran Residencia, también en ese distrito pero ya en otro barrio. El centro, abierto desde 1993, en el que personas mayores con movilidad reducida o con enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, pasaban las mañanas haciendo gimnasia, manualidades o leyendo, se cerró el lunes pasado. La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid envió unas furgonetas a por los expedientes, cambió las cerraduras y acabó, no se sabe si de manera temporal o definitiva, con un servicio con casi 20 años de antigüedad.

 Los familiares de los usuarios se enteraron del cambio la semana pasada, algunos de ellos el miércoles. Una llamada telefónica les avisó del cierre del centro de Puente de Toledo. “No nos dieron ninguna explicación”, asegura la hija de una nonagenaria con problemas de movilidad que llevaba años acudiendo al servicio. El de Carabanchel no es el único centro cerrado: ha ocurrido lo mismo con el de Leganés II. En este caso, los usuarios han sido trasladados a dos centros distintos en la misma localidad.


 


 Además de los mayores, que han tenido que trasladarse, los cierres han dejado en la cuneta a dos decenas de trabajadores de la empresa Aser, con la que la Consejería de Asuntos Sociales tenía concertado el servicio. A las diez de esta mañana los 11 empleados de Carabanchel han acudido como todos los días a su trabajo. Se han encontrado con dos vigilantes de seguridad en la puerta que les impedían el paso. El centro sigue siendo su puesto de trabajo, puesto que la empresa aún no les ha despedido. El contrato de Aser con la Comunidad de Madrid en estos dos centros de Carabanchel y Leganés II acabó el 30 de abril pasado. Ni se ha renovado ni se ha sacado nuevo concurso para que otra empresa se haga cargo.

 La Consejería de Asuntos Sociales asegura que no puede prorrogar a una empresa intervenida por la Seguridad Social por sus deudas. “Queremos atender a los mayores lo mejor que podamos”, señala una portavoz. Lo cierto es que la situación de Aser, que lleva más de un año con problemas para pagar a sus trabajadores, era conocida hace tiempo por la Consejería. “Nos han llegado a deber cuatro nóminas, de tres meses más la extra”, decía esta mañana una trabajadora. Ante la amenaza de huelga, la empresa pagó, pero ahora los empleados aseguran que les vuelven a deber tres meses de sueldo. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con Aser. “No hacemos declaraciones”, se ha limitado a repetir esta mañana la persona que coge el teléfono en la centralita, que se ha negado a trasladar la petición de información a un responsable.