España suspende en protección social
Un estudio concluye que las comunidades con un mayor desarrollo de los servicios sociales no son las que muestran un déficit más elevado
La crisis no da tregua y los servicios sociales españoles no están a la altura de las circunstancias con un sistema débil, cuando hay más de ocho millones de personas que se acogen a ellos. Es más, la media de desarrollo del conjunto de las Comunidades Autónomas es de 4'7 sobre una calificación máxima de 10. España suspende en materia de protección social y el futuro pasa por una «tendencia negativa», advirtió este lunes el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Esta asociación presentó el primer estudio que evalúa el nivel de desarrollo de los servicios sociales en España,
a través de la acción tanto de gobiernos autonómicos y locales como de
ONG. Sus autores, José Manuel Ramírez y Gustavo García, tuvieron en
cuenta para la elaboración de dicho informe el índice DEC (derechos,
esfuerzos, cobertura), con datos pertenecientes a documentos oficiales
de 2009 y 2010.
El informe arroja que ninguna de las Comunidades
Autónomas supera con nota el examen de las prestaciones sociales, aunque
cuatro de ellas sí que presentan un nivel de desarrollo avanzado y en
progresión: Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Navarra, comunidades
que superan el 6,5 de nota. En la otra cara de la moneda y con «datos
lamentables» están Murcia, Madrid, Islas Canarias y Valencia, todas
ellas con menos de un 4.
Galicia, por su parte, ocupa el décimo puesto en
servicios sociales, en un nivel de desarrollo calificado como débil, con
una nota de 5,1.
«Ser los últimos en protección social en España
significa estar a la cola de toda Europa», añade García. Y es que España
cuenta con uno de los peores datos de la Unión Europea y la OCDE. El
gasto social europeo en Bienestar (educación, sanidad) se sitúa entre el
26 y 27% de media, mientras que en España desciende hasta el 21%.
La protección social en España es tan diversa
como comunidades autónomas existen. Esta disparidad en esfuerzo
económico y cobertura está generando la desigualdad a la hora de poder
acceder a las ayudas. Mientras que hay regiones que invierten anualmente
773 euros por habitante, otras solo alcanzan los 120 euros. No
obstante, el informe explica que el mayor desarrollo no siempre depende
del esfuerzo económico, sino también de una gestión eficiente.
Así, el gasto medio anual en nuestro país y por
cada ciudadano es de 280 euros y supone un 1,25% del Producto Interior
Bruto (PIB) regional, según datos correspondientes al INE de 2009. Esto
genera cerca de 500.000 puestos de trabajo directos. Y es que «por cada
millón de euros que se invierte en servicios sociales se generan entre
25 y 30 puestos de trabajo directos», apunta Ramírez.
El déficit de las comunidades
Otra de las conclusiones que arroja el estudio es
que el gasto en protección social no es determinante en el déficit de
las regiones. «Las comunidades que alcanzan un mayor desarrollo de sus
servicios sociales no son aquellas que muestran un mayor déficit en sus
cuentas», subraya García. «Queríamos presentarlo -el informe- antes de
que se publicasen los Presupuestos Generales, para así demostrar que no
se ahorra recortando en cobertura social», ironizó Ramírez. «No se puede
recortar en servicios sociales en un momento de crisis que afecta a
miles y miles de personas como no se puede recortar en sanidad si
tenemos una epidemia», ejemplificó el presidente de la asociación.
Además, denuncian una falta de información en
esta materia. Mala calidad, retraso, inexistencia de datos o información
contradictoria, que «supone un problema a la hora de valorar
racionalmente el desarrollo de los servicios sociales». En este sentido
los responsables del estudio «urgen» al Ministerio de Igualdad y
Servicios Sociales a articular un sistema de información «de alcance
público, fiable y actualizado».
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