POLITICA UNIÓN EUROPEA 2012

Empleo y Asuntos Sociales

Seguir el ritmo del cambio 

 

 Para imponerse frente a la competencia de las nuevas economías emergentes, Europa debe crear los puestos de trabajo que necesita una sociedad dinámica y basada en el conocimiento. Este objetivo exige inversiones en educación y ciencia, pero también en políticas de empleo capaces de seguir el ritmo del cambio y sacar a la UE de la crisis económica. La UE y los países miembros comparten responsabilidades en materia de empleo, asuntos sociales e inclusión. La UE:

• coordina y supervisa la política de cada país
• impulsa el intercambio de buenas prácticas en materia de empleo, pensiones, pobreza y exclusión social
• elabora leyes y supervisa su aplicación en campos tales como derechos del trabajador y coordinación de sistemas de seguridad social.

Más y mejor empleo

 

 La Estrategia Europea de Empleo contempla medidas para:

• mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo
• dotar a las personas de cualificaciones adecuadas para el empleo
• mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo
• crear empleo.

Para 2020, la UE se ha fijado los siguientes objetivos:

• trabajo para el 75% de las personas de entre 20 y 64 años
• tasa de abandono escolar por debajo del 10% y mínimo del 40% de personas de entre 30 y 34 años con estudios de educación superior terminados
• 20 millones de personas menos en riesgo de pobreza y exclusión social.

Para alcanzarlos se plantean las siguientes iniciativas, englobadas en la estrategia Europa 2020:

• Juventud en Movimiento (estudio y trabajo en el extranjero para los jóvenes)
• Agenda de nuevas cualificaciones y empleos (cambios estructurales en los mercados de trabajo europeos)
• Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (ayuda a los países de la UE para combatir ambas lacras).

 Derechos en el trabajo
En materia de derechos del trabajador, la UE ha conseguido avances concretos. Por ejemplo, existen hoy en día normas europeas que limitan las horas de trabajo, mejoran la seguridad y garantizan la indemnización en caso de lesiones.
Para garantizar que las leyes atiendan de hecho a los aspectos más importantes, la UE trabaja con toda una serie de socios, entre ellos las patronales y los sindicatos.




 

Protección e inclusión sociales

La UE impulsa la protección e inclusión sociales coordinando, potenciando y financiando los esfuerzos de los países miembros por combatir la exclusión social y la pobreza y reformar sus sistemas de protección social.
Ejemplo de cómo la UE fomenta la inclusión activa es el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional 2012, cuyo objetivo es crear más oportunidades para que las personas mayores sigan trabajando, se conserven sanas y mantengan su contribución a la sociedad.

Vivir y trabajar en el extranjero

Según una reciente encuesta de Eurobarómetro , uno de cada diez europeos se plantea trasladarse a otro país de la UE en el futuro. La UE y sus países miembros colaboran para facilitar que las personas vivan y trabajen en el extranjero, coordinando los distintos sistemas nacionales de seguridad social de forma que los trabajadores sigan percibiendo sus pensiones y prestaciones de seguridad social aunque cambien de trabajo y de país.

Programas europeos de financiación

Los principales programas de empleo y política social son:

• el Fondo Social Europeo (FSE)
• el Programa Progress
• el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)
• el Instrumento Europeo de Microfinanciación Progress

Los países de la UE son los principales responsables en materia de empleo y política social. En este campo la financiación europea se limita a apoyar y complementar los esfuerzos de cada uno.

PROTECCIÓN SOCIAL

España suspende en protección social

Un estudio concluye que las comunidades con un mayor desarrollo de los servicios sociales no son las que muestran un déficit más elevado

 

  La crisis no da tregua y los servicios sociales españoles no están a la altura de las circunstancias con un sistema débil, cuando hay más de ocho millones de personas que se acogen a ellos. Es más, la media de desarrollo del conjunto de las Comunidades Autónomas es de 4'7 sobre una calificación máxima de 10. España suspende en materia de protección social y el futuro pasa por una «tendencia negativa», advirtió este lunes el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

 

Esta asociación presentó el primer estudio que evalúa el nivel de desarrollo de los servicios sociales en España, a través de la acción tanto de gobiernos autonómicos y locales como de ONG. Sus autores, José Manuel Ramírez y Gustavo García, tuvieron en cuenta para la elaboración de dicho informe el índice DEC (derechos, esfuerzos, cobertura), con datos pertenecientes a documentos oficiales de 2009 y 2010.

El informe arroja que ninguna de las Comunidades Autónomas supera con nota el examen de las prestaciones sociales, aunque cuatro de ellas sí que presentan un nivel de desarrollo avanzado y en progresión: Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Navarra, comunidades que superan el 6,5 de nota. En la otra cara de la moneda y con «datos lamentables» están Murcia, Madrid, Islas Canarias y Valencia, todas ellas con menos de un 4.

Galicia, por su parte, ocupa el décimo puesto en servicios sociales, en un nivel de desarrollo calificado como débil, con una nota de 5,1.

«Ser los últimos en protección social en España significa estar a la cola de toda Europa», añade García. Y es que España cuenta con uno de los peores datos de la Unión Europea y la OCDE. El gasto social europeo en Bienestar (educación, sanidad) se sitúa entre el 26 y 27% de media, mientras que en España desciende hasta el 21%.

La protección social en España es tan diversa como comunidades autónomas existen. Esta disparidad en esfuerzo económico y cobertura está generando la desigualdad a la hora de poder acceder a las ayudas. Mientras que hay regiones que invierten anualmente 773 euros por habitante, otras solo alcanzan los 120 euros. No obstante, el informe explica que el mayor desarrollo no siempre depende del esfuerzo económico, sino también de una gestión eficiente.

Así, el gasto medio anual en nuestro país y por cada ciudadano es de 280 euros y supone un 1,25% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, según datos correspondientes al INE de 2009. Esto genera cerca de 500.000 puestos de trabajo directos. Y es que «por cada millón de euros que se invierte en servicios sociales se generan entre 25 y 30 puestos de trabajo directos», apunta Ramírez.

El déficit de las comunidades

Otra de las conclusiones que arroja el estudio es que el gasto en protección social no es determinante en el déficit de las regiones. «Las comunidades que alcanzan un mayor desarrollo de sus servicios sociales no son aquellas que muestran un mayor déficit en sus cuentas», subraya García. «Queríamos presentarlo -el informe- antes de que se publicasen los Presupuestos Generales, para así demostrar que no se ahorra recortando en cobertura social», ironizó Ramírez. «No se puede recortar en servicios sociales en un momento de crisis que afecta a miles y miles de personas como no se puede recortar en sanidad si tenemos una epidemia», ejemplificó el presidente de la asociación.

Además, denuncian una falta de información en esta materia. Mala calidad, retraso, inexistencia de datos o información contradictoria, que «supone un problema a la hora de valorar racionalmente el desarrollo de los servicios sociales». En este sentido los responsables del estudio «urgen» al Ministerio de Igualdad y Servicios Sociales a articular un sistema de información «de alcance público, fiable y actualizado».

Una entidad de inserción de discapacitados presenta un ERE (el país, cataluña)

Los recortes presupuestarios se cobran la primera víctima de las entidades sociales. Se trata de la entidad Ecom, que ayuda a los discapacitados físicos a encontrar un puesto de trabajo. La entidad se financia prácticamente de subvenciones públicas y los recortes en las partidas destinadas a la creación de empleo han llevado a Ecom al ahogo económico. La entidad, formada por 130 trabajadores, ha decidido presentar un ERE que afectará a 40 empleados, a los que se suman nueve trabajadores temporales que ya han sido despedidos.

Ecom recibió el año pasado 1,4 millones de euros del Servicio Catalán de Ocupación (SOC) para realizar sus programas de inserción laboral, pero la Generalitat ha comunicado a las entidades sociales que este año no habrá convocatoria. De hecho, debía haber salido en enero. La Generalitat argumenta que el Gobierno central ha recortado 260 millones (el 60%) de las transferencias a Cataluña para realizar políticas activas de ocupación. Desde el Departamento de Empresa alertan de que este recorte afectará a todos los programas y planes de ocupación, entre ellos, los destinados a los colectivos más vulnerables, como discapacitados y colectivos con riesgo de exclusión.

Estas subvenciones permitieron a Ecom asesorar a 1.722 discapacitados el año pasado. De estos, 686 encontraron trabajo, una cifra muy inferior a los 1.031 que se emplearon en 2010.

El ERE de Ecom provocará la desaparición de los 11 equipos de personas que se dedican a la inserción de discapacitados físicos y deja en vilo el futuro de la entidad, que se ve incapaz de hacer frente a las indemnizaciones que implicará el ERE. Ecom teme tener que declararse insolvente y dar carpetazo a 40 años de trabajo social.

También alertan de su futuro las entidades que atienden a los discapacitados mentales, como Dincat. Los recortes estatales y autonómicos afectarán también a las subvenciones que reciben los Centros Especiales de Trabajo. “Se van a cargar [las Administraciones] la lucha de décadas por integrar a los discapacitados”, protesta la presidenta de Dincat, Lola de la Fuente.

Para evitar engrosar la bolsa de personas en riesgo de exclusión, la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) entregó este jueves a la Generalitat un documento en el que pedía que se desactive la reforma de la renta mínima de inserción (RMI) emprendida el pasado agosto y que “está dejando sin ningún tipo de cobertura social a numerosas personas y familias en riesgo de exclusión”, alerta ECAS, que agrupa a 85 entidades sociales.

El endurecimiento de las condiciones para acceder a esta ayuda de 423 euros ha dejado fuera, según el estudio de ECAS a enfermos crónicos, a parados que han agotado el subsidio, a inmigrantes que no pueden acreditar un mínimo de dos años de residencia y a jóvenes de entre 18 y 25 años ya emancipados. A ellos se añade el colectivo de personas con problemas de salud mental, pero que no llegan al mínimo grado de discapacidad exigido para acceder a una pensión no contributiva. La Generalitat reconoció la cancelación de 4.521 expedientes a finales de 2011.

ECAS pide a la Generalitat una reforma “urgente” del programa de la RMI para evitar situaciones de exclusión “irreversibles y más costosas de atender en el futuro”. La entidad recuerda que ya hay unas 300.000 personas en riesgo de exclusión social que no percibe ninguna ayuda pública.

La Comunidad cierra dos centros de día de mayores en Carabanchel y Leganés. MADRID 2012 RECORTES

La empresa que los gestionaba está intervenida por la Seguridad Social por deudas

Vigilantes impiden a los trabajadores entrar a la sala, ya con las cerraduras cambiadas

 Los 20 usuarios que tenía el centro de día para mayores de Puente de Toledo, en el distrito de Carabanchel de Madrid, han empezado hoy una nueva etapa en la Gran Residencia, también en ese distrito pero ya en otro barrio. El centro, abierto desde 1993, en el que personas mayores con movilidad reducida o con enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, pasaban las mañanas haciendo gimnasia, manualidades o leyendo, se cerró el lunes pasado. La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid envió unas furgonetas a por los expedientes, cambió las cerraduras y acabó, no se sabe si de manera temporal o definitiva, con un servicio con casi 20 años de antigüedad.

 Los familiares de los usuarios se enteraron del cambio la semana pasada, algunos de ellos el miércoles. Una llamada telefónica les avisó del cierre del centro de Puente de Toledo. “No nos dieron ninguna explicación”, asegura la hija de una nonagenaria con problemas de movilidad que llevaba años acudiendo al servicio. El de Carabanchel no es el único centro cerrado: ha ocurrido lo mismo con el de Leganés II. En este caso, los usuarios han sido trasladados a dos centros distintos en la misma localidad.


 


 Además de los mayores, que han tenido que trasladarse, los cierres han dejado en la cuneta a dos decenas de trabajadores de la empresa Aser, con la que la Consejería de Asuntos Sociales tenía concertado el servicio. A las diez de esta mañana los 11 empleados de Carabanchel han acudido como todos los días a su trabajo. Se han encontrado con dos vigilantes de seguridad en la puerta que les impedían el paso. El centro sigue siendo su puesto de trabajo, puesto que la empresa aún no les ha despedido. El contrato de Aser con la Comunidad de Madrid en estos dos centros de Carabanchel y Leganés II acabó el 30 de abril pasado. Ni se ha renovado ni se ha sacado nuevo concurso para que otra empresa se haga cargo.

 La Consejería de Asuntos Sociales asegura que no puede prorrogar a una empresa intervenida por la Seguridad Social por sus deudas. “Queremos atender a los mayores lo mejor que podamos”, señala una portavoz. Lo cierto es que la situación de Aser, que lleva más de un año con problemas para pagar a sus trabajadores, era conocida hace tiempo por la Consejería. “Nos han llegado a deber cuatro nóminas, de tres meses más la extra”, decía esta mañana una trabajadora. Ante la amenaza de huelga, la empresa pagó, pero ahora los empleados aseguran que les vuelven a deber tres meses de sueldo. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con Aser. “No hacemos declaraciones”, se ha limitado a repetir esta mañana la persona que coge el teléfono en la centralita, que se ha negado a trasladar la petición de información a un responsable.